La iniciativa busca consolidar como política de Estado el régimen de intervención administrativa sobre inmuebles que representan un riesgo para la seguridad pública y ciudadana. Desde su implementación ya se realizaron 20 intervenciones en distintos departamentos de Mendoza.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, presentó ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados el proyecto de Ley Antiguantaderos, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca otorgar un marco legal al régimen de intervención administrativa sobre inmuebles que representan un riesgo para la seguridad pública y ciudadana.
De la reunión participaron también el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, Carlos Magnani.
Durante la exposición, Jaliff explicó que el proyecto tiene como objetivo convertir en política de Estado un mecanismo que la Provincia ya viene aplicando para intervenir inmuebles abandonados, deteriorados o utilizados como escenario para actividades delictivas. «Buscamos preservar la seguridad pública, la seguridad ciudadana y el entorno urbano. Hemos visto muchos inmuebles que se transforman en la plataforma donde se cometen delitos. Generalmente son propiedades abandonadas o deterioradas que pueden utilizarse como aguantaderos, para ocultar personas, comercializar estupefacientes o acopiar elementos vinculados al delito», sostuvo.
El funcionario remarcó que la identificación de estos lugares surge, en gran parte, de la información aportada por los vecinos. «Estamos actuando porque es nuestro deber preservar la seguridad pública y porque quienes más sufren estas situaciones son los propios vecinos. Ellos son quienes nos transmiten la problemática y una de las cosas que más nos ha impactado es el agradecimiento que recibimos cada vez que se concreta una intervención», afirmó.
Jaliff señaló que la iniciativa legislativa permitirá dar continuidad a estas acciones más allá de las distintas administraciones. «Hasta el momento realizamos 20 intervenciones, todas con la aprobación de los propietarios y con resultados efectivos. Además, seguimos impulsando convenios con los municipios porque son actores fundamentales en este proceso», indicó.
En ese sentido, explicó que las intervenciones se desarrollan a partir de un procedimiento administrativo que comienza con un informe policial sobre el estado del inmueble y continúa con un informe municipal. Con esos antecedentes se dicta una primera resolución que declara la necesidad de intervenir y una segunda que autoriza la ejecución de la medida, definiendo si corresponde el tapiado o la demolición de acuerdo con las condiciones de la propiedad.
El subsecretario precisó que las veinte intervenciones realizadas hasta el momento se distribuyen en diez inmuebles de Guaymallén, cuatro de Godoy Cruz, tres de la Ciudad de Mendoza, dos de Las Heras y uno de Maipú. También destacó que, aun en departamentos donde no existen convenios firmados con la Provincia, los municipios colaboraron con informes técnicos y tareas de apoyo durante los operativos.
Respecto de los propietarios, Jaliff destacó que todas las actuaciones contaron con su conformidad. «La primera resolución se notifica al propietario, quien puede ejercer todos los derechos que considere. En las veinte intervenciones obtuvimos su aprobación porque estas medidas también preservan el valor de sus inmuebles y permiten recuperar propiedades que muchas veces quedan inutilizadas y generan problemas para todo el barrio», concluyó.
