La Legislatura convirtió en ley una iniciativa que busca destinar a penitenciarios retirados a controlar a personas que cumplan libertad condicional
Un penitenciario tendrá a su cargo el control de la persona con libertad condicional.Foto: Nicolás Rios / Diario UNO
El Senado convirtió en ley una iniciativa del Ejecutivo que destina a penitenciarios a realizar un control personalizado a quienes cumplen con algún tipo de régimen de libertad condicional. Este control incluye verificar el cumplimiento de las condiciones dispuestas, la asistencia del liberado a su trabajo y/o programa de asistencia y tratamiento, y el cumplimiento de tareas comunitarias.
La votación fue afirmativa por unanimidad, los 37 senadores presentes dieron el visto bueno.
Es un cambio de paradigma: pasar de un sistema pasivo, que exigía que el liberado se presentara y rindiera cuentas ante la Justicia, a uno activo, donde la Dirección de Promoción y Control de Liberados se encargará de buscar y controlar al liberado donde se encuentre. “Para ello, se crea la División de Control y Seguimiento”, explicó el senador radical David Saez.
El senador radical David Saez fue uno de los encargados en defender el proyecto en la Legislatura.
El principal objetivo de la nueva dirección será la contención y reinserción social de las personas liberadas o bajo régimen de libertad condicional, con el fin de reducir la reincidencia delictiva. Actualmente, más de 4.500 personas en la provincia están bajo algún tipo de supervisión, de las cuales más de 3.500 pertenecen al ámbito provincial y alrededor de 1.000 al federal.
Una de las novedades del proyecto, según el senador, “es la creación de la figura del Oficial de Libertad Vigilada, quien será responsable del monitoreo y control de los liberados”. Este personal, seleccionado entre retirados y activos del servicio penitenciario, supervisará utilizando tecnología biométrica y colaborará con los municipios para asegurar un seguimiento más cercano y efectivo.
¿Qué busca el Gobierno impulsando este proyecto de ley?
El Ejecutivo envío este proyecto como parte de la reforma de seguridad que promueve la ministra de Seguridad Mercedes Rus. En concreto, creará una institución dedicada a la contención y reinserción social de personas liberadas o bajo libertad condicional, regímenes de excarcelación, condenas de ejecución condicional, entre otros, y su principal objetivo “se relaciona con evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia, promoviendo así a la seguridad pública”, señala la fundamentación.
La iniciativa forma parte del paquete de leyes de Seguridad que promueve la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y busca reducir la reincidencia delictiva mediante un sistema proactivo de control, monitoreo y asistencia.
Las funciones que tendrá cada figura que crea esta norma
Entre las funciones del Oficial de Libertad Vigilada se destaca: verificar la información recepcionada, datos personales, domicilio y arraigo del liberado, controlar el cumplimiento de las condiciones de libertad dispuestas en la resolución judicial, controlar la asistencia del liberado a su trabajo y/o programa de asistencia y tratamiento, y controlar el cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por resolución judicial, entre otras funciones. También se regula legalmente la posibilidad de utilizar sistemas de seguridad inteligente para un control más efectivo de los liberados.
La dirección tendrá entre sus funciones la de confeccionar un registro y legajo actualizado de los liberados, que tendrá carácter confidencial y los datos que contiene solo podrán ser requeridos por autoridad judicial y/o administrativa en relación a expedientes a su cargo y de forma fundada, y por los liberados y por sus defensores.
En tanto, la División de Control y Seguimiento tendrá a su cargo el Registro de Liberados y los Oficiales de Libertad Vigilada. El Oficial de Libertad Vigilada será el responsable del control de los liberados bajo competencia de este organismo, que será seleccionado entre personal penitenciario en actividad o en situación de retiro, que reúna las condiciones establecidas en la Ley de Personal del Servicio Penitenciario de Mendoza.