La propuesta que es parte del paquete de leyes de Seguridad, incluye controles más estrictos y un registro sistematizado. Queda a la espera de la promulgación del Gobierno provincial, ya que fue aprobado por unanimidad.
Este martes, el Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la creación de un Sistema Preventivo de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, como parte del paquete de Leyes de Seguridad remitido por el Poder Ejecutivo. Esta medida busca actualizar y sistematizar el régimen existente, estableciendo controles rigurosos, especialmente en el ámbito de las autopartes. Deberá ser promulgado por el Gobierno de Mendoza.
La miembro informante fue la senadora María Galiñares, quien informó que la propuesta que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca actualizar la legislación sobre la compraventa de bienes muebles usados. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Seguridad, reemplaza la antigua Ley 8124 de 2009, la cual establecía un procedimiento analógico para este tipo de transacciones. Dada la evolución tecnológica desde entonces, se plantea ahora un sistema digital que facilite el control y registro de estos bienes.
La legisladora radical explicó que, además de modernizar el sistema, la Ley contempla la creación de un registro público de bienes muebles usados. Este registro permitirá a cualquier ciudadano verificar si el vendedor está autorizado y conocer el origen del bien. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia, con la posibilidad de colaborar con organismos nacionales, provinciales y municipales.
El sistema propuesto también incluye un control riguroso de los establecimientos dedicados a la compraventa de estos bienes, así como la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los mismos. Se otorgan facultades al Ministerio de Seguridad para inspeccionar y actuar de manera inmediata en caso de infracciones, de acuerdo con las leyes vigentes.
Durante el debate, el senador Dugar Chappel del Partido Verde manifestó su apoyo al proyecto, aunque sugirió la necesidad de una mayor fundamentación jurídica sobre las implicancias de la registración. A pesar de estas reservas, reconoció la importancia de dotar al Ministerio de Seguridad de las herramientas necesarias para combatir el creciente delito.
Por su parte, el senador Armando Magistretti del Partido Demócrata también adelantó su voto afirmativo, destacando la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas para reducir la inseguridad en la Provincia.
El senador Germán Vicchi, jefe del bloque de la Unión Mendocina, apoyó la iniciativa, pero señaló la necesidad de especificar qué tipos de bienes se incluirán en el registro, ya que la definición de «cosa mueble» en el Código Civil es muy amplia. Subrayó que el decreto reglamentario debe ser claro y preciso para evitar interpretaciones confusas.
Desde el Partido Justicialista, el senador Pedro Serra expresó su apoyo al proyecto, pero criticó su falta de especificidad y su enfoque limitado a las transacciones físicas, sin abordar adecuadamente el comercio en línea, que considera el principal foco de delitos relacionados con la compraventa de bienes usados.
En respuesta a estas preocupaciones, la senadora Galiñares aclaró que el proyecto incluye un artículo específico en el Código de Contravenciones (artículo 116 bis), que contempla sanciones para la venta de bienes muebles usados a través de internet sin justificación del origen lícito. Esto permitirá a los agentes informáticos perseguir y sancionar estas actividades.
¿Qué es lo que contempla este proyecto?
La iniciativa destaca la necesidad de modernizar la Ley N°8124 y su Decreto Reglamentario N°1189/10, instaurando un sistema de control e inspección policial más estricto. El objetivo es combatir el mercado ilegal de bienes, que, al mantenerse fuera del control estatal, fortalece el delito.
El texto del proyecto subraya que muchos bienes, como las bicicletas, actualmente quedan fuera del registro establecido por el Decreto N°1189/10, a pesar de ser comúnmente objeto del mercado ilegal. Además, se critica la Ley 9169 sobre autopartes por limitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad, al someterlas al Ministerio Público Fiscal. La nueva legislación permitirá a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y verificar la legalidad de los bienes y su documentación.
El sistema de control propuesto, incluye la creación de un registro sistematizado para el seguimiento de bienes muebles usados en venta, con el fin de regularizar este mercado y eliminar el comercio ilegal. El sistema reemplazará el antiguo método analógico de la Ley N°8124, utilizando herramientas digitales para la trazabilidad de los bienes.
La nueva legislación también establece que los municipios podrán ser depositarios de los bienes secuestrados y que estos podrán ser subastados, destruidos, compactados o adquiridos por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En el caso de las autopartes y repuestos usados, se requerirá que cualquier persona o entidad que comercialice o almacene estas piezas esté inscrita en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) y cumpla con las normativas de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionatorio para quienes vendan bienes muebles sin prueba de su origen lícito. Las sanciones incluyen multas de 1000 a 4000 U.F. o arresto de 40 a 60 días, según el nuevo Artículo 116 bis incorporado a la Ley 9099, Código de Contravenciones.
Con esta aprobación, el proyecto queda ahora a la espera de la promulgación por parte del Gobierno provincial, marcando un paso significativo hacia la modernización y regulación del mercado de bienes muebles usados en la provincia.