La conciliación obligatoria obligó a los judiciales a frenar el paro y al Gobierno a llevar una oferta salarial mejorada. Las claves al día de hoy
Empleados y funcionarios judiciales volvieron al trabajo este jueves gracias a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo a pedido de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal -que conduce el trabajo de las Unidades Fiscales- y el Ministerio Público de la Defensa.
Atrás quedaron casi tres meses de paro, movilizaciones, acampes y trabajo acumulado en prácticamente todos los fueros.
Cómo se pondrá en movimiento nuevamente la maquinaria judicial es uno de los grandes interrogantes de la jornada, sobre todo si se tiene en cuenta que en apenas 8 días se producirá el primer encuentro con el Gobierno en la mesa de negociaciones.
Por lo pronto, sabido es que el fuero penal suspendió hasta el lunes 3 inclusive las audiencias de causas sin detenidos para darles prioridad a los casos con personas bajo proceso y privadas de libertad.
La decisión de Trabajo implica pausa para el conflicto, vuelta al trabajo y expectativas por la postura que tendrá el Gobierno de Alfredo Cornejo el viernes 7 de junio, para cuando fue convocada la audiencia de conciliación por la profunda problemática salarial.
Judiciales y Gobierno, de cara a la audiencia del 7 de junio
Sin ánimo de hacer futurología, por estas horas los gremios y el Gobierno siguen firmes cada uno en lo suyo, es decir a lo que desató el conficto a poco de comenzada la Vendimia.
El “no vamos a ofrecer más plata de la que podamos pagar” del Ejecutivo contrasta con la necesidad y la urgencia de los empleados y funcionarios de “acortar la brecha salarial entre los que más ganan y los que menos, porque nuestros sueldos están por debajo de la línea de pobreza“.
La conciliación obligatoria obliga a las partes a volver a la época del comienzo de la crisis judicial. A los gremios, a trabajar; al Gobierno, a dejar sin efecto el aumento del 10% otorgado por decreto y a presentar una oferta mejorada de la suba del 11% que fue rechazada hace cuatro semanas. Ese será el punto de partida.
Reingeniería y urgencias
En pleno conflicto, algunos ministros de la Corte coincidieron en que es necesario “reestructurar” el Poder Judicial en sintonía con las diversas reformas ocurridas en los últimos años, especialmente en el fuero Penal.
Esa especie de reingeniería debería conllevar, asumen, lo atinente a los empleados y funcionarios, especialmente las funciones y los sueldos.
Sin embargo, este tipo de procesos suenan ejecutables a mediano plazo: otro contraste con la urgencia salarial de los empleados y funcionarios.