La iniciativa -presentada por el oficialismo- busca garantizar la continuidad de todos los organismos científicos del país. Conocé de qué se trata.
Frente a los polémicos dichos del candidato a presidente Javier Milei-que aseguró querer dejar de invertir en el sistema científico nacional, por considerar que debe ser un tema en manos del mundo privado-, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley para prohibir el cierre del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros organismos científicos nacionales.
“Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado? Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, había expresado Milei luego de las PASO.Informate más
La iniciativa recibió dictamen por unanimidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, lo que da el visto bueno para que las actividades de estos organismos se declaren “esenciales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en todo el territorio nacional”.
“Es de mi autoría, pero la voluntad es que sea del conjunto. Queda abierto para el acompañamiento de todos”, aseguró García Larraburu, invitando a sus pares a firmar el texto.
Además del CONICET, los organismos que se beneficiarían con la implementación de esta ley son: la Fundación Miguel Lillo; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR); la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS); el Servicio Hidrográfico Naval (SHN); el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Instituto Antártico Argentino (IAA); y el Área de Investigación y Desarrollo de las Universidades Nacionales.
Además de garantizar la continuidad del funcionamiento de los organismos e instituciones científicas, “los cuales no podrán ser sujetos de privatización, tercerización de actividades, ni cancelación de programas”, el texto añade que “no podrá reducirse el presupuesto destinado“. Al mismo tiempo, la ley incluirá a todos los organismos e instituciones que se creen para estos mismos fines.