Una radiografía actualizada del agro mendocino muestra una imagen bien diferente de aquellas bucólicas mujeres cosechadoras. En las últimas dos décadas se han dado procesos de concentración, junto al abandono de tierras y una notable ausencia del políticas públicas.
El sector agro de Mendoza viene sufriendo transformaciones aceleradas, al ritmo que precisa por la globalización de los sistemas agroalimentarios. Corporaciones dedicadas a la producción y comercialización de papas, tomates, vacas, bananas y obviamente vino, han aterrizado recientemente en la provincia reconfigurando el paisaje agrario y la sociedad. Frente a eso, las luchas por el agua, contra la especulación inmobiliaria y por la producción agroecológica han marcado límites al avance de un modelo de agronegocio que en la “california argentina” no termina de dar respuestas a las crecientes demandas sociales y ambientales.
El “modelo Mendoza” no está listo para el desfile
La imagen de Mendoza se asocia indefectiblemente a la industria vitivinícola que, a lo largo del siglo XX, estructuró buena parte de la sociedad, la economía y el territorio. Sin embargo, en la década de 1980 varias crisis convergieron para provocar el desvanecimiento de ese mundo viñatero que se sigue relatando incansablemente en las Fiestas de la Vendimia, ahora turistificadas al extremo.
Una radiografía actualizada del agro mendocino muestra una imagen bien diferente de aquellas bucólicas mujeres cosechadoras. En las últimas dos décadas se han dado procesos de concentración, junto al abandono de tierras y una notable ausencia del políticas públicas, según destacó Facundo Martín en la agencia de noticias Tierra Viva.
De acuerdo a un estudio realizado por María Eugenia Van den Bosch, se identifica hasta 2016 una reducción sostenida del número de explotaciones, donde las que más desaparecen son las pequeñas y medianas junto con un paulatino aumento de la superficie media de las explotaciones. Además, en algunos departamentos se ha dado un aumento significativo de las explotaciones de más de 10.000 hectáreas. En 2008 había 12.814 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) de menos de diez hectáreas que representaba el 50 por ciento del total y ocupaban el 0,7 por ciento de la superficie (56.000 hectáreas). En el otro extremo, las 1.268 explotaciones muy grandes (más 500 hectáreas) representaban sólo el 5,2 por ciento del total pero ocupaban el 94 por ciento de la superficie (7.457.000 hectáreas).
Diez años después, según el CNA 2018, las explotaciones de menos de diez hectáreas se habían reducido en un 20 por ciento, mientras que los estratos medianos y grandes (entre 50 y 500 hectáreas) se habían expandido un diez por ciento (en promedio). Esto último se explica fundamentalmente por la expansión de viñedos asociados al aterrizaje del modelo de agronegocios en el Valle de Uco.
Los ríos que dan vida
La provincia tiene una extensión total 149.069 kilómetros cuadrados, la mitad que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 relevó que poco menos de seis millones de hectáreas —un tercio del total— se destinan al uso agrícola, forestal y ganadero.
En Mendoza el paisaje rural es contrastante y está fragmentado entre los oasis de riego que reciben agua canalizada desde la Cordillera de Los Andes y el secano o “desierto” que recibe en promedio sólo 200 milímetros de lluvia al año. La agricultura es posible entonces únicamente mediante el riego intensivo.
Existen cuatro oasis irrigados por cuatro ríos regulados. El oasis norte se riega por le río Mendoza y abarca los departamentos de Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. El oasis centro se irriga a través de la cuenca baja del río Tunuyán y está integrado por los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. El Valle de Uco se irriga gracias a la cuenca superior de río Tunuyán y está integrado por Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Finalmente el oasis sur está integrado por San Rafael y General Alvear y se riega con las aguas de los ríos Diamante y Atuel.
Malargüe es el departamento más austral y de mayor superficie en la provincia pero tiene un oasis irrigado muy pequeño alimentado con aguas del río homónimo. La superficie agrícola implantada de Mendoza alcanzó según el CNA 2018 las 266 mil hectáreas. En términos de superficie, sigue dominando por lejos el cultivo de vid (131.183 hectáreas), seguido de los frutales que están en franco retroceso (60.000 hectáreas) y las hortalizas (32.500) que fluctúan fuertemente en función de los precios, exportaciones y condiciones climáticas.
José Manuel Podadera es productor ganadero y miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Mientras pastorea sus cabras en Maipú, a unos 40 kilómetros al este de la ciudad Capital comenta: “Para mí la características del modelo agropecuario ahora es que ponen mucho veneno, fertilizantes, la gente está dejando fortuna en eso y gracias a eso también mucha gente que cultiva queda en el camino”.
La ganadería extensiva ocupa más de 5,5 millones de hectáreas de pastizales, bosques y montes naturales. El CNA también registró en 2018 más de 200 mil hectáreas de tierras “aptas no cultivadas”. Un resabio de la “distribución originaria” de la tierra y del agua en Mendoza ocurrida a fines del siglo XIX y que muchos años después dio origen a organizaciones campesinas que reclaman el acceso a la tierra como la Unión de Trabajadorxs Rurales Sin Tierra (UST).
Para Silvia Moreno, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora en la temática, el agro de Mendoza “es un modelo sumamente polarizado, de crecimiento, de tamaños, de explotaciones, que lo único que ha hecho en los últimos 20 años es polarizarse todavía más. Hay estudios que sostienen que tenemos la mitad de los productores que había a inicios de los 2000”.
Por su parte Diego Montón, referente de la UST-MNCI ST y coordinador de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) llama la atención sobre el proceso de concentración del agro provincial, fuertemente condicionado por el acceso al suelo irrigado: “Es una concentración en todos los niveles, la tierra, el agua, de la tecnología, del acceso al mercado y de la exportación y del valor agregado”.
Es que al no producir cereales ni oleaginosas, Mendoza está fuera del modelo pampeano exportador de commodities, sin embargo, agrega Montón “en el caso de la vitivinicultura se ve claramente cómo se viene concentrando sobre todo a nivel de los viñedos más pequeños, pero fundamentalmente cómo está concentrado en las bodegas que exportan y las que dominan el mercado interno”.
Uva, vino y un modelo que excluye
Mendoza es la provincia con mayor cantidad de viñedos y superficie implantada con vid (71 por ciento del total nacional). Un informe reciente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) detalla que entre 2022 y 2021 hubo una disminución de 4.051 hectáreas y 188 viñedos menos. Además, la superficie actual es un 4,9 por ciento menor a la registrada en el año 2010 (un descenso de 10.703 hectáreas).
Aunque el 90 por ciento de los viñedos tiene menos de 20 hectáreas (y el 60 por ciento tiene menos de cinco hectáreas), la tendencia indica que las propiedades son cada vez más grandes mientras que las que se abandonan son las más pequeñas. Así, el tamaño medio del viñedo prácticamente se duplicó entre 1990 y 2022 pasando de 5,8 a nueve hectáreas. El mundo de los pequeños viñateros está en serios problemas y contrasta con la industria enoturística de lujo que ha conquistado el Valle de Uco.
Esta nueva vitivinicultura —basada en la identificación varietal y con orientación exportadora— se presentó como la principal respuesta a la crisis estructural centenaria. Pero fue una solución socio-espacial selectiva que jerarquizó y revalorizó determinados territorios en detrimento de otros.
En un contexto de desregulación y apertura económica, en el Valle de Uco (y principalmente en sus márgenes) emergió el territorio más propicio para la expansión del modelo de agronegocios. Su forma más destacada han sido los proyectos que combinaron la actividad vitivinícola con otros ejes de acumulación, como los complejos agroturísticos e inmobiliarios de lujo.
Este proceso de turistificación, orientado a un público fundamentalmente extranjero, que incluye la territorialización de capitales nacionales e internacionales con inversiones en hoteles, restaurantes, wine countries, bodegas y viñedos constituye probablemente el proceso más transformador del espacio rural provincial.
Es que estos “nuevos vecinos” capitalizados e integrados en circuitos agroalimentarios globales se volvieron rápidamente los protagonistas de una redefinición de la ruralidad mendocina y sus paisajes. De este modo, el espacio rural no es sólo un espacio productivo sino que ha sido transformado en un paisaje mercantilizado para ser consumido como un producto más. Se venden “experiencias” y no sólo vino o comida. Esto constituye una clara gentrificación del espacio rural similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo, donde vastas zonas son ocupadas y apropiadas por nuevas clases y grupos sociales que desplazan a sus habitantes tradicionales.
Además, al reconfigurarse como nuevos terratenientes (o acuatenientes, a raíz de la explotación individual y privada de agua subterránea) conquistaron los piedemontes y contribuyeron a un creciente cercamiento del espacio rural. Al encerrar sus terrenos, construir portones con guardias imponentes, estos enclaves privados transformaron dramáticamente el paisaje y el control del territorio.
Agua, cambio climático, sequía y ¿megaminería?
Debido a la escasez estructural de agua, la sociedad mendocina se ha organizado en torno a su manipulación intensiva. Bajo el confuso paraguas de la “cultura del agua” se han construido fuertes marcas de identidad y memoria social asentadas en paisajes hídricos donde se conjugan viñas y surcos en perspectiva con montañas nevadas y acequias y diques colmados del líquido vital.
Tan determinante ha sido aquí el control del agua que la sociedad ha sido caracterizada, siguiendo un concepto del historiador ambiental Donald Worster en Rivers of Empire (Ríos del Imperio), como una “sociedad hídrica”. Se trata de una sociedad que se integró y fragmentó a partir del manejo político del agua.
En Mendoza, bajo el lema de la “misión hidráulica” hacia fines del siglo XIX, las aguas de los ríos fueron siendo desviadas y canalizadas a través de una amplia red de distribución superficial que termina en las fincas individuales. A la vez, se consolidó una estructura de derechos de acceso al agua que le otorgaba legalidad a la distribución y control social del mismo a través de las “inspecciones de cauce”, que son las organizaciones de regantes encargadas de la distribución final del agua. Este sistema de distribución superficial de agua (complementado a veces con agua subterránea) establecía afinidades y obligaciones entre regantes. Era un sistema de gestión colectiva y control social relativamente democrático. Pero eso es asunto del pasado.
Hoy, los efectos concretos del calentamiento global se manifiestan en una drástica disminución de la oferta de agua superficial (50 por ciento menos en promedio), lo que sumado a la expansión sobre nuevas tierras irrigadas con agua subterránea, conjura una privatización general del acceso al agua, despojando a los pequeños y habilitando a los grandes.
Al respecto, Diego Montón señala que “también se ha podido ver claramente el impacto del cambio climático con la incidencia de los vientos, las heladas y el granizo, que han provocado muchísimo más impacto que otros años”. Y denuncia la falta absoluta de política agropecuaria por parte del Estado provincial, que “no tiene instituciones, ni política, ni recursos orientados a la situación agropecuaria. Hay cero respuesta a todas las emergencias que hemos planteado: heladas, granizos, prácticamente no tiene estructura ni política para afrontar esas emergencias”.
José Manuel Podadera de la UTT confirma: “A la gente le cae piedra este año y le dan unas migajas dos años después cuando ya las cosas no valen lo mismo. No es un Estado presente”. En diciembre de 2019, el intento del gobierno provincial de flexibilizar la Ley 7722, que restringe la minería metalífera, terminó en una pueblada histórica que hizo crujir las estructuras del poder provincial dejando claro que el agua tiene para los mendocinos un valor simbólico y material que no se debe poner en riesgo. En este contexto, la minería no parece ser una alternativa real para la pretendida diversificación de la matriz económica de la provincia.
Papas, bananas y vacas, esos raros productos nuevos
En “Las papas de la globalización”, los investigadores Robin Larsimont, Oscar Carballo y Jorge Ivars, analizaron la territorialización en la provincia del complejo agroindustrial de papa prefrita liderado por grandes empresas agroalimentaria como Mc Cain, Farm Frites y Simplot. Estos investigadores del Conicet demuestran las estrategias comerciales y tecnológicas que le permitieron a un puñado de empresas concentrar la producción papera de forma acelerada. Para 2008, el seis por ciento de las explotaciones que cultivaban papa (17) ya concentraban el 59,7 por ciento de las 3.881 hectáreas cultivadas con papa de la provincia.
Este aterrizaje se realizó principalmente sobre tierras ubicadas en el Valle de Uco pero que hasta ese momento no había sido cultivada, aunque contaban con disponibilidad de agua subterránea y condiciones de temperatura adecuadas. Además, se integraron las etapas “cadena arriba” realizando la limpieza, prefrito y congelado, así como snacks y otros productos que pueden consumirse directamente.
Mendoza tiene seis mercados concentradores de frutas y hortalizas. El Mercado Cooperativo de Guaymallén es el más importante y tiene un movimiento equivalente al 40 por ciento de lo que circula por el Mercado Central de Buenos Aires, uno de los mayores de Sudamérica.
Los registros indican que la banana es el principal producto que circula por allí. El protagonismo de este fruto claramente no es porque se produzca en Mendoza. Se debe a que, por su localización geopolítica, fue elegida por la empresa Argenfruit, aliada principal de Sabrostar y que controla el 50 por ciento del mercado de bananas a nivel nacional. Allí Argenfruit instaló más de 6.000 metros cuadrados de cámaras de maduración de banana. Es también la planta más grande de la región. Pero también fue grande el llamado “tongo de las bananas”, un intento de contrabando y evasión impositiva en el que la empresa se vio envuelta en 2011 junto con el ahora ex-juez federal Walter Bento.
En aquel momento, la AFIP detuvo en la aduana chilena 460 contenedores —más de un millón de kilos de bananas— que representaban un negocio de 60 millones de dólares. Se trataba de ingresar bananas comunes como si fueran de calidad premium que valen mucho más. La “sobrefacturación” le permitía a la empresa lavar 2,4 dólares por cada cajón de bananas.
La otra actividad que se ha expandido en los últimos años es la cría de ganado bovino con engorde a corral, conocido como feedlot. Consiste en mantener los animales encerrados mientras se los alimenta con forraje producido en el lugar. La producción de carne se duplicó entre 2011 y 2020, alcanzando las 15.000 toneladas. En la provincia se producen 140.000 terneros al año que se destinan fundamentalmente al consumo local. En general los feedlots se han instalado en tierras de la zona sur y este de la provincia como los departamentos de General Alvear y Santa Rosa. Este proceso se ha dado como consecuencia de la sojización de las zonas ganaderas tradicionales y ha contado con cuantiosos subsidios por parte del Estado para un grupo muy concentrado de grandes productores y desvinculado de los más de 4.000 pequeños y medianos ganaderos de la provincia.
Diego Montón afirma: “La ganadería caprina está atravesando los impactos del cambio climático, que además es fuertemente campesina, y está distribuida en la zona del secano. Hay dos mataderos municipales, pero todo el circuito está desorganizado y hemos visto una fuerte presión desde la Policía Rural y el Senasa que complican mucho la subsistencia y la rentabilidad del sector caprino”. Además, Mendoza viene perdiendo también su tradición láctea, que —si bien era pequeña— existía un número importante de tambos que se han ido abandonando.
Antipolítica agropecuaria provincial
Aunque Mendoza proyecta una imagen de institucionalidad y eficiencia, sólo queda inercia. Hubo intentos de reindustrializar e incluso diversificar la matriz productiva más allá de la vitivinicultura y hacia la fruticultura y la horticultura pero esos viejos planes fueron cooptados por las mismas élites y sólo reforzaron la “crisis de sobreproducción” de uva y vino.
De la década de 1990 se mantienen el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) y programas como la Lucha Antigranizo. Sin embargo, la dependencia encargada de la política agropecuaria provincial es de cuarto rango y no tiene presupuesto. Montón detalla: “Todos los ‘clusters’ están abandonados, el Plan Ternero, el Plan de Destete Precoz, que eran programas regulados por una ley provincial, están paralizados; no hay un proceso de ordenamiento territorial ni de planificación y organización de las cuencas de riego y el Estado se mostró más preocupado por regalar tierras públicas a privados con ideas o señuelos como lo del centro de esquí en el Azufre, que por pensar cómo abordar la necesidad de tantos productores que no tienen regularizada la situación de la tierra”.
El estado nacional, por su parte, mantiene la red de Estaciones Experimentales y Agencias de Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aunque ha perdido mucha incidencia en el territorio y los productores toman como referencia a los negocios que venden agroquímicos.
En los últimos años, señala Montón, “han llegado algunos recursos específicos como la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) o el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (Proviar) y también la respuesta ante las emergencias (que en general han sido recursos nacionales), aunque es insuficiente podemos decir que la única presencia del Estado que hay hoy en la ruralidad mendocina tiene que ver con la política pública nacional”.
Alimentos soberanos: las experiencias de transición ecológica
La horticultura es quizás el sector donde el campesinado tiene mayor protagonismo, aunque subordinado a nivel de acceso al mercado y con un alto nivel de informalidad. El caso del ajo es bien ilustrativo: aunque la producción está a cargo en su mayoría de pequeños productores, son los acopiadores y exportadores los que se quedan con la mayor parte de la renta.
Un cuello de botella del sector es el altísimo nivel de inversión económica que se requiere para desarrollar una producción bajo un esquema convencional (utilizando agroquímicos, fertilizantes sintéticos, semillas híbridas). Pero más recientemente se ha hecho evidente que existe una gran diversidad de formas de organizar el trabajo y que algunas de esas estrategias tienen que ver con resistir e incluso escapar del formato del agronegocio hortícola. Esto tiene que ver, en parte, con el origen migrante de muchísimas familias horticultoras.
Silvia Moreno, de la Universidad de Cuyo, afirma: “La migración rural es un componente estructural de esta economía regional. Surge justamente de la mecanización de otra economía regional, en el noroeste de Argentina, con la caña de azúcar, y el traslado hacia el sur de muchos trabajadores de allí y del sur y los valles de Bolivia, que empezaron a armar cadenas y redes migratorias hacia nuestro territorio”.
La cantidad de explotaciones con horticultura cayó abruptamente en Mendoza, pasando de 5.170 en 2002 a 3.172 en 2008. Los datos del CNA 2018 confirman esta tendencia al contabilizar 2.724 explotaciones con cultivos hortícolas, casi una reducción del 50 por ciento entre 2002 y 2018. Sin embargo, esta reducción no fue acompañada por una caída de la superficie hortícola total, que se mantuvo en torno a las 30.000 hectáreas, lo que evidencia un fuerte proceso de concentración de la producción. Entonces, algunos horticultores campesinos comenzaron a revalorizar prácticas ancestrales que conocían en sus lugares de origen y, al mismo tiempo, organizarse en cooperativas, grupos y movimientos como la UST y la UTT, entre otros que hoy forman parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina.
Marcos Cabana nació en Salta, pero llegó a Mendoza muy joven. Ahora vive en El Vergel, departamento de Lavalle. Es productor agroecológico y forma parte de la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (FeCoCAF) de la UST. Cuando llegó a Mendoza tuvo que aprender a trabajar con agroquímicos porque era “lo que se usaba”, pero cuando comenzó a participar de la organización pudo recuperar las formas de hacer que había aprendido en su tierra natal.
A partir de un proceso de reconstrucción de saberes y prácticas, empezaron a producir “sin veneno”. Ahora cultivan una diversidad de hortalizas, recuperan y multiplican semillas criollas y realizan métodos de riego más eficientes. Entre las distintas especies se destaca el tomate agroecológico que se destina en parte a la comercialización en fresco y en parte a la elaboración de tomate triturado en la fábrica que la UST tiene en el distrito de Jocolí.
Además comercializan buena parte de su producción en redes y almacenes que son parte de las organizaciones, como el Almacén Campesino. Montón explica que trabajan para el acceso directo al mercado interno y para eso requieren de infraestructura en torno a los circuitos cortos de comercialización, pero también al financiamiento para el agregado de valor y obtener el producto final.
Sin embargo, la transición hacia la agroecología se encuentra, según la experiencia de Marcos Cabana, con dificultades estructurales. Él no tiene tierra propia sino que arrienda hace diez años una finca que en poco tiempo deberá entregársela al dueño. Esto hace que todo el trabajo de cuidado y mejora del suelo que hizo se pierda porque tiene que migrar hacia otro lugar y comenzar nuevamente el ciclo. La soberanía alimentaria para avanzar necesita también de la soberanía sobre la tierra.
Según Silvia Moreno, el gran desafío son las banderas históricas de tierra y trabajo, pero también programas e intervención del Estado en promover una alimentación sana, segura y soberana. “Promover la transición agroecológica brindando formas de organización del trabajo menos precarizantes”, resume.
Mientras junta la majada para llevarla de vuelta al corral, José Manuel Podadera piensa y confiesa: “Las luchas más importantes son las de la soberanía, de los alimentos, la lucha por las tierras, por el agua ¿no es cierto? Proteger los derechos de los agricultores que se ven tan coartados, esas me parecen las luchas más importantes”.