A menos de una semana de la salida de Rodolfo Suarez, se desató una pulseada por el manejo del grabado de autopartes y la verificación vehicular en Mendoza entre el Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (Cerpol) -quienes realizaban el chequeo-, y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Están en juego unos 200 millones de pesos al año por ese control.

Este lunes el Gobierno le adjudicó el grabado de autopartes y verificación del automotor al Círculo Policial, a través del decreto 2466 publicado en Boletín Oficial y validado con las firmas de Rodolfo Suarez y del ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

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La iniciativa de Suarez y Levrino, una de las últimas en su gestión, provocó la reacción de Cerpol a través de un comunicado, en el que acusó a la Provincia y a Nación de “entregar de apuradas a ‘manos amigas’ este sistema de control vehicular“.

El conflicto radica en los fondos generados por las verificaciones vehiculares. Si bien este negocio depende de qué tan activa esté la compraventa de autos usados, rondaría los 200 millones de pesos anuales.

El conflicto

El servicio está a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), que se vincula a las provincias a través del Ministerio de Seguridad y, según la legislación vigente, el control del grabado de autopartes y la verificación vehicular debe realizarse por personal perteneciente a la fuerza policial.

En Mendoza, la verificación vehicular -es decir, el trabajo de controlar que las piezas del vehículo coincidan con los datos de la tarjeta verde del rodado- estaba a cargo de Cerpol, mientras que el grabado de autopartes era realizado por la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos (Camgrab).

Semanas atrás, Camgrab propuso un sistema de modernización que incluía la realización de ambos trabajos bajo su órbita y, como la verificación sólo puede ser realizada por la Policía, ofreció pagarles a los oficiales que realizaban el trabajo, pero por fuera del Cerpol. Por supuesto, la entidad de los retirados rechazó la idea.

Por este motivo es que intervino el Ministerio de Seguridad, que propuso que fueran trabajadores pertenecientes al Círculo Policial los realizaran los controles, convenio que fue formalizado en el Boletín Oficial.

“Cerpol no presentó propuesta de modernización a la Dirección nacional. El ministerio propuso al Círculo por idoneidad y representatividad de la Policía de Mendoza”, aseguró el ministro de seguridad, Raúl Levrino, al ser consultado por El Sol.

Por su parte, desde Cerpol rechazaron la afirmación de Levrino y afirmaron que estaban trabajando en un proyecto de modernización, pero que no se los dejaron presentar. “Tenemos un masterplan de modernización prácticamente listo. Pero como este acuerdo se hizo entre gallos y media noche, no nos permitieron presentarlo”, explicaron.

De hecho, desde el Círculo de Policías Retirados apuntaron que el beneficiado por este acuerdo sería el Grupo Sorensen, uno de los integrantes de Camgrab.

Desde el CERPOL señalaron que no pueden resignar estos fondos porque son utilizados para financiar un centro médico del organismo y para la futura construcción de un hospital de día.

“Nuestro centro médico sirve para descongestionar el sistema de salud, principalmente porque recibimos la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Sin esos fondos, corre el riesgo de que el centro cierre, dejando sin trabajo a 60 familias”, indicaron.

En tanto, también cuestionaron la participación del Círculo Policial, institución que se encuentra con inconvenientes financieros y que además se encuentra investigada por Fiscalía de Estado, producto del intento de venta de un inmueble.

Por este motivo, desde Cerpol están analizando en medidas legales en contra de la DNRPA y la Provincia, porque consideran que “no se los dejó competir en igualdad de condiciones”.

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