En total fueron 66 uniformados los que dieron un paso al costado por decisión personal.
Las bajas voluntarias de policías durante el 2023 se triplicaron en relación con el 2022, según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia. Estos datos se conocen algunas semanas después de que se acrecentarán los rumores de un “éxodo policial”.
A través de un pedido de información realizado por El Sol, el Ministerio de Seguridad y Justicia informó que durante todo el año pasado 66 policías se dieron de baja voluntaria de la fuerza, tres veces más de lo que había ocurrido en el 2022 cuando se produjeron 22.
En tanto, si se tienen en cuenta el total de bajas -voluntarias y obligatorias-, en el 2023 se registraron 111 casos, un 63% más de lo ocurrido un año atrás, cuando hubo 68.
Las bajas voluntarias son aquellas que tienen como único fundamento la voluntad de no continuar en la fuerza (Artículo 57 de la ley 6722). En este caso, los uniformados no deben encontrarse bajo sumario administrativo o cumpliendo sanciones disciplinarias, tener deudas de dinero con las Policías de la Provincia o por razones de servicio debidamente fundadas.
En tanto, las obligatorias son las que se encuentran especificadas en el artículo 58 y 59 de la ley 6722, en las que se incluye fallecimiento, enfermedades o lesiones, la no aprobación del psicofísico, acumulación de sanciones disciplinarias o llevar más de dos años en situación pasiva.
Según los datos otorgados por el Ministerio de Seguridad, en 2023 hubo 66 bajas voluntarias, un 300% de incremento si se comparan con las 22 que se produjeron en 2022. El dato es más impactante si se tiene en cuenta que sumando todas las bajas voluntarias del periodo 2019-2022 iguala a las que se produjeron el año pasado.
En tanto, las bajas obligatorias fueron 45 el año pasado, cifra que se ubica en el promedio de los últimos seis años.
Desde El Sol intentamos comunicarnos con funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la jefatura de Policías, pero sin obtener respuestas.
La situación de los penitenciarios
Las bajas voluntarias de quienes prestan servicios en las cárceles mendocinas durante el año se mantuvieron con respecto al 2022. A pesar de esto, la cifra se mantiene alta en relación con los años anteriores.
En total, se dieron de baja 177 penitenciarios durante el último año de gestión de Rodolfo Suarez, 49 más de las registradas que el año anterior, siendo el número más alto de todas las gestiones de Cambia Mendoza a cargo del Ejecutivo.
El año pasado hubo 16 casos, la segunda cifra más alta de los últimos nueve años, sólo superada por las 18 bajas voluntarias que se dieron en el 2022. En tanto, las bajas obligatorias crecieron un 46% interanual (pasaron de 110 a 161).
Conflictos salariales
Entre finales de enero y principios de marzo, la relación entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno se tensó producto de los reclamos salariales de los uniformados.
La “familia policial”, quienes llevan adelante los reclamos por los efectivos de seguridad, manifestaban mucho malestar señalando que “arriesgan la vida por sueldos miserables”, e incluso aseguraban que “muchos efectivos” abandonaron las fuerzas por “cuestiones salariales“.
El último aumento salarial otorgado por el Ejecutivo fue el 23 de febrero. Allí se otorgó una suba del 15% y el 15% restante en marzo, más un bono de 90.000 pesos no remunerativo y no bonificable. Además, los uniformados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario, recibirán otro bono de 200.000 pesos para mantenimiento de indumentaria, no remunerativo y no bonificable y un incremento del ítem Vestimenta con subas del 2,5% al 8%.