Se trata de dos iniciativas presentadas por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en la que proponen modificar el Código de Faltas y la Ley de Tránsito.
El pasado fin de semana tuvo un saldo trágico de cinco personas fallecidas a raíz de diferentes accidentes automovilísticos. Dos de las víctimas fueron atropelladas en el Acceso Sur por un conductor que dio positivo el control de alcoholemia.
Por ese motivo, el gobierno de Alfredo Cornejo busca acelerar el tratamiento de dos proyectos que fueron presentados por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, que apuntan al endurecimiento de las penas por este tipo de delitos.
Las iniciativas ingresaron por la Cámara de Diputados y forman parte del paquete de Seguridad que presentó la funcionaria el jueves pasado en la Legislatura. Los proyectos se tratarán primero en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
El primer documento apunta a cambios en el Código de Faltas para incrementar las sanciones a los conductores cuyos controles de alcoholemia igualen o superen el límite de 1 gramo de alcohol por cada litro de sangre. En ese caso, se tendrá en cuenta si el conductor es reiterante o si contaba con antecedentes penales o contravencionales.
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El apartado señala que en la actualidad, quienes cometen este tipo de infracción pueden pagar una multa económica y de esa manera se levanta la inhabilitación para conducir.
La postura del Ejecutivo es los conductores tengan que abonar la infracción, pero se mantenga el impedimento a manejar. “Queremos que las personas cumplan una condena acorde al delito que cometió porque tiene que ver con una acción de alto desprecio por la vida humana. Los que manejan con esos niveles de más de un gramo de alcohol en sangre habla de un desprecio por la vida del otro, por eso requiere de una pena ejemplar“, manifestó Rus en la presentación del paquete de Seguridad.
A su vez, buscan agravar las sanciones para estos casos, extendiendo la inhabilitación para conducir hasta un año y medio. Pero ese lapso podría ser superior ya que el juez encargado de las causas tendrá la facultad de ordenar que el infractor realice “cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”.
En caso de que se apruebe esta iniciativa, las multas económicas pasarán de $1.143.000 a $1.524.000. Las tareas comunitarias tendrán un máximo de 80 horas y los arrestos podría llegar hasta los 120 días.
Otro punto a destacar es que en casos de accidentes, el juez podrá obligar al infractor a hacerse cargo de los daños producidos por el siniestro vial. Mientras que el vehículo “no se reintegrará a su propietario o legítimo usuario hasta que no haya cumplido con la sanción de multa o arresto correspondiente”.
Cambios en la ley de Tránsito
Otra propuesta apunta a que durante los controles de tránsito los municipios y la Dirección de Seguridad Vial puedan acceder -mediante la toma de huellas dactilares- a información precisa que permita determinar si el conductor posee causas por manejar bajo los efectos del alcohol.
Si efectivamente el conductor da positivo y es reiterante, la ley establece que “la sanción de inhabilitación podrá ser aumentada hasta 365 días, pudiendo el juez disponer fundadamente la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”.
Otro artículo del proyecto habilita a la Provincia a encargarse de calibrar y homologar los alcoholímetros mediante convenios con universidades y organismos locales. Fuentes oficiales indicaron que de esta manera se podrá abaratar los costos de este trámite administrativo y contar con más unidades para la realización de los controles.