Dentro de la resolución que elimina el 40% de estas oficinas, se invitó a las diferentes jurisdicciones a reducir los sellos vinculados a la compra venta de autos.
La semana pasada, el gobierno nacional de Javier Milei decidió avanzar con la eliminación del 40% de los registros del automotor de todo el país, con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos.
Una vez conocida esta información, desde el Ejecutivo nacional invitaron a las provincias a sumarle a esta medida la adhesión de “baja de impuestos de Sellos y patentes provinciales”, porque buscan reducir los costos a la hora de inscribir un rodado, que es de casi el 70% del valor total de la transferencia, según Nación.
Desde la Provincia diferenciaron los componentes que componen los valores de las transferencias de vehículos y aseguraron que no “reaccionarán” a lo solicitado por la administración de Javier Milei, porque ya tienen una política de reducción de sellos.
“Hay que comprender algo, el impuesto de patentes no tiene nada que ver con las transferencias de los vehículos. Es un impuesto que los titulares deben pagar por el simple hecho de utilizar las calles para circular. No incrementa ni disminuye el valor de una inscripción de un vehículo en el registro automotor”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
En tanto, con respecto a los sellos, Fayad detalló que la Provincia ya venía realizando reducciones desde algún tiempo atrás, por lo que “ya había una política de nuestro gobierno en este sentido”.
“Cada vez que encontramos un espacio para bajar impuestos lo hacemos. En este presupuesto redujimos lo que más se pudo en Sellos, por ejemplo, los alquileres dejaron de pagarlo y, en el caso del Automotor, bajamos la alícuota un 16%”, indicó el funcionario.
Actualmente, en lo que corresponde a Sellos en la inscripción de un cero kilómetro, se paga una alícuota del 2,5% (durante el 2023 era del 3%, es decir, una caída del 16%). En tanto, con respecto a los autos usados, cayó de 3% a un 1% ( un 66% menos).
“Es una decisión política. En el primer trimestre, la caída en la recaudación en términos reales de Sellos fue del 31% y del impuesto Automotor del 17,7%. Sabíamos que iba a pasar porque estamos en busca de poder reducir la presión tributaria de los mendocinos”, finalizó Fayad.
Las medidas nacionales
En su decisión de reducir el 40% de los registros del automotor -empezando por los que están intervenidos más de 2 años-, el Gobierno nacional invitó a las provincias a reducir las alícuotas de los impuestos vinculados a la inscripción de rodados.
A esto se le suman las siguientes medidas:
- Reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
- Eliminar el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
- Eliminar la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
- Eliminar el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
- Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
- Digitalizar la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
- Implementar un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
- Auditar el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
- Derogar el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
- Digitalizar la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
- Aumentar significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.