Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- La chilena Amelia Flores esperó más de medio siglo para que las autoridades investigaran la presunta muerte y desaparición, el 22 de febrero de 1974, de su hijo recién nacido.
Cuando pensaba que podría tener algo de claridad sobre uno de los episodios más tristes de su vida, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast desarticuló la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura y su esperanza se desvaneció por completo.
“Yo lo sentí llorar, pero no recuerdo nada más. Una inyección me dejó completamente inconsciente por tres días y a mi marido le entregaron un ataúd sellado y un servicio funeral pagado. Fue a pocos meses del golpe”, relató a EFE Flores, que hoy tiene 72 años y cuando ocurrieron los hechos estaba ingresada en el Hospital Parroquial de San Bernardo, en la periferia capitalina.
Su historia está incluida en las más de 1.600 causas judiciales abiertas en Chile por supuestas adopciones ilegales a partir de los años 50, e intensificadas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Se calcula que más de 20.000 niños fueron sustraídos, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, autoridades migratorias y religiosos y que afectó principalmente a madres jóvenes y de pocos recursos.
“Con el tiempo supe que esto le había pasado a más familias. Miles de mamás como yo, con hijos sanos, fueron vejadas y sus bebés sustraídos sin ninguna explicación”, aseguró Flores.
Creada en febrero pasado, un mes antes del cambio de gobierno, la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) tenía el objetivo de coordinar los procesos de búsqueda entre distintas instituciones y facilitar los reencuentros.
“La unidad garantizaba que la investigación no quedara en manos de la sociedad civil, sino del Estado”, dijo a EFE Marisol Rodríguez, presidenta y fundadora de Hijos y Madres del Silencio (HMS), una organización dedicada a la búsqueda y el acompañamiento.
El abogado Ananías Reyes, encargado de la unidad, explicó a EFE, que esta “tenía competencias para acceder a información normalmente restringida, como fichas clínicas o registros hospitalarios” y que se estaba ultimando la creación de un banco público de ADN, similar al de Argentina.
