Dos grandes cerealeras retiraron la apelación contra el convenio homologado por la Justicia. La gestión encabezada por la corredora de granos Grassi avanza con la operación de las plantas y el pago a los acreedores.
Después de más de seis años de disputas judiciales, tensiones políticas y una crisis económica que sacudió al sector agroexportador argentino, el proceso de salvataje de Vicentin quedó finalmente firme desde el punto de vista jurídico.
La decisión de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company de desistir de la apelación presentada contra el cramdown homologado por el juez Fabián Lorenzini despejó el último gran obstáculo legal para que el Grupo Grassi continúe con el control operativo de la firma.
La resolución representa un punto de inflexión para una de las empresas más emblemáticas del complejo agroindustrial argentino.
Fundada en 1929, Vicentin llegó a convertirse en una de las principales exportadoras de granos y subproductos del país, hasta que en diciembre de 2019 declaró un fuerte “estrés financiero” que derivó en el mayor default privado de la historia argentina, con una deuda estimada en US$ 1350 millones.
Una definición esperada por productores y trabajadores
Desde entonces, el caso atravesó conflictos judiciales, disputas empresariales y una fuerte repercusión política y social. Incluso durante la pandemia hubo movilizaciones en distintas ciudades del país en defensa de la compañía, luego de que se intentara avanzar con una intervención estatal.
En diciembre, el juez Lorenzini homologó el acuerdo preventivo de acreedores y otorgó el control de la empresa a la corredora Grassi, encabezada por Mariano Grassi.
Sin embargo, el proceso todavía no contaba con sentencia firme debido a la apelación presentada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, dos de las compañías que también habían participado del salvataje judicial.
