El Gobierno dio a conocer en el Boletín Oficial la cesantía de médicos en Mendoza por irregularidades severas y presuntos fraudes. Los detalles.
Médicos muertos y licencias eternas: escándalo por los despidos en Salud de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza oficializó una batería de sanciones disciplinarias contra médicos y empleados del sistema de salud provincial, tras la conclusión de distintos sumarios administrativos. Las medidas, incluyen cesantías por abandono de trabajo, incumplimiento de funciones, presentación de certificados médicos falsos y ausencias injustificadas prolongadas.
Los decretos llevan la firma del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero. A través de estas normas, se ratificaron resoluciones adoptadas previamente por hospitales públicos y organismos sanitarios, además de resolverse expedientes que se encontraban en trámite desde años anteriores.
Médicos de Mendoza, sancionados y despedidos por irregularidades.
Médicos despedidos: certificados apócrifos y firmas de profesionales fallecidos
Uno de los hechos más graves detectados por la instrucción sumarial involucra a un profesional del área de salud que presentó un certificado médico para justificar una ausencia laboral. La investigación administrativa comprobó que el documento llevaba la firma de un médico que había fallecido años antes de la emisión del papel y que, además, nunca había pertenecido al establecimiento sanitario cuyo membrete figuraba en el formulario.
Aunque el dictamen inicial de la junta instructora había recomendado una suspensión, el Poder Ejecutivo consideró que la gravedad del hecho justificaba la sanción máxima de cesantía. No obstante, la aplicación efectiva de la medida quedó condicionada a las instancias judiciales correspondientes, debido a que el agente cuenta con tutela sindical.
En paralelo, se ratificó la expulsión de un agente del Hospital Humberto Notti. En este caso, el empleado justificó sus inasistencias mediante certificados médicos cuya autenticidad fue formalmente desconocida y rechazada por la profesional que figuraba como firmante. Desde el Ejecutivo se argumentó que el uso de documentación apócrifa vulnera la confianza exigida al empleo público y constituye una falta grave incompatible con la administración estatal.
