El fiscal Flavio D´Amore, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, ordenó la medida contra Eduardo Sancho y Rubén Panella, ex y actual presidente de la entidad, debido a que los informes financieros y económicos de los años 2021 y 2022 estarían adulterados.
Además del litigio con la empresa española Iberte, Fecovita tiene abierto otro frente en Tribunales provinciales. En este caso, el fiscal Flavio D’Amore de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, imputó a siete directivos y ex dirigentes de la cooperativa vitivinícola de falsificar los balances económicos financieros de los años 2021 y 2022.
El fiscal D´Amore impuso esa calificación al actual presidente de la federación, Rubén Panella, al secretario de la Mesa Directiva, Marcelo Federici, y a los síndicos Hilda Vairetti, Eugenio Portera y Roberto Vázquez. También al extitular de la entidad, Eduardo Sancho y al ex Tesorero, Jorge Irañeta, por el delito en “prima facie” de autorización, certificación y publicación de balances falsos.
Para D´Amore, la intención de los directivos como de los síndicos de adulterar los balances de años 2021 y 2022 tuvo como fin que sus asociados, acreedores o quienes exigían la quiebra de Fecovita, como el caso de la empresa española Iberte, no supieran el déficit patrimonial, económico y financiero que padecía la cooperativa.
Respecto a la situación judicial de los imputados, el fiscal ordenó que permanezcan en libertad pero bajo apercibimiento de una posible detención en caso de que incumplan las reglas de conductas pactadas. Entre ellas, que fijen y mantengan un domicilio real, que concurran a todas las citaciones que se les formulen y que se abstengan de realizar cualquier acto que obstaculice la investigación judicial.
El delito de “prima facie” puede tener una condena de hasta dos años de prisión, según lo indica el art. 300, inciso 2 del Código Penal.
La semana pasada, la federación de cooperativas vitivinícolas recibió a su vez un fallo a favor, cuando la Justicia rechazó el pedido de quiebra de la firma Iberte, quien acusaba que la entidad que reúne a 29 cooperativas y 5 mil productores no había cumplido con el contrato que habían rubricado para exportar. La demanda era por 26 millones de dólares, pero fue desestimada por el Segundo Juzgado de Procesos Concursales.