Fundición San Cayetano, de Burzaco, obtuvo el amparo judicial ante dificultades financieras, con obligaciones bancarias, cheques rechazados y problemas para afrontar tasas en alza con rentabilidad muy acotada. Está afectada por el mismo proceso que disparó la morosidad entre empresas y familias
Fundición San Cayetano entró en concurso preventivo por una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Raggio. La empresa tiene una planta de 45.000 metros cuadrados en Burzaco y fuentes del sector estimaron que cuenta con 260 empleados.
La medida abrió un proceso judicial para que la histórica metalúrgica, dedicada a la producción de piezas para la siderurgia, la minería, el petróleo, la energía eólica y la industria automotriz matricera, ordene sus pasivos y presente su situación patrimonial ante los acreedores. En un comunicado, la empresa señaló que el concurso respondió a una decisión de reordenamiento de su pasivo financiero.
La empresa aseguró que mantiene sus operaciones y que no prevé despidos
En el comunicado, Fundición San Cayetano afirmó que opera “con absoluta normalidad y sin alteraciones en su actividad productiva y comercial”. También indicó que informó sobre la presentación judicial a su personal, a la representación gremial, a los clientes y a los proveedores.
La compañía sostuvo que la planta conserva una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para afrontar sus gastos operativos. Además, aseguró que no se produjeron ni se producirán despidos por esta situación.
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La dotación de la empresa se ubicó entre 260, según información de contexto relevada dentro de la firma y fuentes del sector. En años previos, la planta llegó a contar con 600 empleados, antes de una reducción posterior a la crisis financiera internacional de 2008.El BCRA informó que Fundición San Cayetano mantenía deudas con entidades financieras por $22.355 millones. (Fundición San Cayetano)
La empresa destina 80% su producción a mercados externos, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile y países de Europa. Su actividad exportadora enfrenta márgenes acotados y los efectos del nivel del tipo de cambio y las tasas de interés, en un proceso productivo de plazos extensos y con una estructura financiera apalancada. La situación difiere de la de las fundiciones concentradas en el mercado interno.
Directivos de la empresa explicaron a Infobae que no sufren un problema de actividad, gracias al hecho de que venden en el mercado externo, pero sí una situación financiera equiparable a la que empujó a la mora a casi 6 millones de personas físicas y miles de empresas. El financiamiento se encareció por la fuerte suba de tasas de fines del año pasado, con costos crediticios que más que duplican el margen de rentabilidad, y eso hace que haya que administrar pasivos. Pero aclararon que no hay riesgo alguno de cierre o quiebra.
“Tenemos apoyo de los proveedores, apoyo de nuestros clientes y hasta de nuestro personal. Confiamos en que esta es la herramienta para sanear la situación y continuar trabajando como en los últimos 70 años”, dijeron.
El expediente fijó octubre como fecha límite para los acreedores
El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El cronograma judicial también fijó el 15 de febrero de 2027 para la entrega del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el patrimonio de la concursada.
La decisión judicial llegó en un contexto de compromisos financieros y cheques rechazados. Los últimos registros del Banco Central (BCRA) consignaron 198 cheques rechazados por un monto superior a $1.129 millones. De ese total, la empresa abonó el 6,26%.
